En los últimos meses, el valor de los activos volvió a meterse en el centro de la escena. Lo que durante años funcionó como una referencia relativamente estable hoy empieza a revisarse con más frecuencia, en un contexto donde el acceso al crédito sigue siendo limitado, las condiciones financieras cambian con rapidez y las decisiones de inversión se vuelven más selectivas.
En ese escenario, ese número —que muchas veces se daba por sentado— pasa a jugar un rol mucho más sensible, porque deja de ser una referencia técnica y se convierte en una variable que puede destrabar —o frenar— una operación.
A partir de ahí empieza a hacerse visible una tensión que el mercado arrastra desde hace tiempo: no todas las valuaciones dicen lo mismo ni están construidas bajo los mismos criterios. Lo que en un informe puede respaldar una operación de financiamiento, en otro puede no alcanzar, y esa diferencia, que en otro momento podía pasar inadvertida, hoy impacta directamente en la toma de decisiones.
Un ejemplo concreto lo muestra con claridad. En operaciones de crédito corporativo o en procesos de auditoría de balances, es cada vez más habitual que bancos o auditores ajusten a la baja los valores presentados por las empresas cuando no están sustentados en estándares reconocidos internacionalmente. En algunos casos, esas diferencias pueden ubicarse en rangos del 10% al 20%, lo suficiente como para modificar condiciones de financiamiento, exigir mayores garantías o incluso postergar decisiones de inversión. En cambio, cuando esos mismos activos están valuados bajo marcos consistentes y comparables, el proceso se vuelve más ágil y previsible, porque el número deja de ser una discusión y pasa a ser una base compartida.
Ahí es donde empieza a jugar un rol cada vez más relevante la adopción de estándares globales. Organizaciones como la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) impulsan criterios que permiten ordenar ese proceso y darle consistencia, independientemente del mercado en el que se realice la valuación.
En concreto, no se trata solo de "valorar mejor", sino de hacerlo bajo reglas claras, compartidas y auditables. En ese sentido, los estándares internacionales de RICS —conocidos en el mercado como el "Red Book"— funcionan como una referencia común para bancos, auditores e inversores, porque establecen criterios sobre cómo se construye el valor, qué supuestos se utilizan y qué nivel de independencia debe tener quien valúa.
Esa lógica pone el foco en algo que hoy vuelve a ser central: la trazabilidad del dato. Es decir, que el valor no sea solo un resultado, sino un proceso que pueda explicarse, sostenerse y compararse. Y en operaciones donde intervienen financiamiento externo o auditorías internacionales, esa diferencia deja de ser técnica y pasa a ser determinante.
El cambio de fondo, sin embargo, no es técnico, sino conceptual. El mercado está empezando a correrse de una lógica centrada exclusivamente en el resultado hacia otra donde importa, cada vez más, cómo se construye ese resultado. Quién valúa, con qué criterios y con qué grado de independencia deja de ser un detalle para convertirse en una condición.
En un contexto atravesado por la incertidumbre, donde cada decisión exige mayor respaldo, esa diferencia pesa más que nunca. Porque, en definitiva, el valor no es solo un número: es lo que ese número puede sostener cuando alguien lo pone en discusión.
